Una carrera legal: Justicia criminal o penal

Entender el contenido de la Constitución de los Estados Unidos de América no es nada fácil. Para esto están los profesionales que estudian carreras relacionadas a este género con el propósito de saber interpretar las leyes de este país y ejecutarlas de manera justa.

Haciendo un poco de historia, la Constitución Política de los Estados Unidos fue aprobada en el año 1789 y enmendada muy pocas veces desde entonces. Esta es la ley suprema de los Estados Unidos, donde se establece una república bajo la cual los estados individuales retienen soberanía y autoridad considerables. Cada estado es autónomo, así como lo es el gobierno Federal, que posee autoridad decisiva pero limitada, ya que el resto se reserva para los estados y el pueblo.


La Constitución Política establece la Declaración de Derechos conocido en inglés como “Bill of Rigths”, enunciadas en las primeras diez enmiendas que garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos y los protege contra acciones inapropiadas del gobierno.

El papel esencial del poder judicial es salvaguardar a los ciudadanos y velar por que se implementen las leyes y se interpreten correctamente los artículos de la Constitución ante un juicio criminal o una querella civil. Los guardianes de la Constitución son los tribunales federales, cuyas decisiones protegen los derechos y libertades garantizadas por la misma Constitución, y mediante fallos, justos e imparciales, es que determinan los hechos e interpretan la ley para resolver disputas legales de índole civil o criminal.

Diferencias entre derecho criminal y derecho civil

Una de las diferencias más relevantes entre el derecho criminal y el civil está en la noción del castigo. En el derecho criminal o penal, la persona culpable es castigada con la privación de su libertad, con el pago de multas o fianzas y, en casos extremos, con la pena de muerte.

Los crímenes se dividen en dos amplias clases: los crímenes donde purgan condena mayores a un año de prisión y los delitos menores con agravio, cuyas penas no superan el año de encarcelamiento.

En contraste con el derecho civil, el demandado nunca recibirá una sentencia de cárcel y mucho menos ejecución. En general, una vez dado el veredicto, el demandado debe reembolsar la suma impuesta por el juez por los daños causados al demandante. En casos civiles bajo la ley del agravio, hay una posibilidad de daños punitivos si se determina que la conducta del demandado ha sido intencional y con deseos de causar daño, por negligencia o por indiferencia voluntaria.

A divergencia de un caso criminal, en un caso civil la corte puede ordenar al demandado pagar los daños. El demandante podría no recibir nada si el demandado no tiene ningún activo o seguro que cubra los daños impuestos y honorarios del abogado de la parte del agraviado, mientras que en la parte criminal nada de esto puede aplicar.

El tema del poder judicial es muy profundo y hasta ambiguo para quienes no se desenvuelven en el mundo del derecho o el argot legal. Sin embargo, algunos especialistas y profesionales de leyes consideran el derecho criminal como una de las áreas más complejas pero sugestivas de abordar, ya que involucra: criterio, sentido de evaluación, investigación, comparación, astucia y observación, entre otros aspectos esenciales para la determinación del caso y la representación de cualquiera de las partes involucradas en un acto criminal.

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